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Las redes sociales: territorio sin dios ni ley.

Las redes sociales: territorio sin dios ni ley.

Hace solo días le sucedió a una funcionaria de la alcaldía de Montería, hace menos de una semana a prestantes personajes de la vida pública del departamento, hace menos de quince días me sucedió a mí. En cada caso, con mayor o menor grado de lesión y afectación para los involucrados. Mañana seguramente le sucederá a alguien más, y nadie puede anticipar qué tan grave podrá ser dicha lesión y afectación. Me estoy refiriendo a las acusaciones, señalamientos y ataques que cada día se están volviendo más frecuentes a través de las redes sociales y las TIC en general, bien sea por personajes que se ocultan tras perfiles falsos, o por “profesionales de la información” que usan sus medios digitales o cuentas de redes sociales para señalar y crear posturas tendenciosas y generalmente descontextualizadas en la opinión pública sobre una persona o tema en particular.

Es común ver cómo las redes sociales se han convertido en estrados judiciales para debatir toda clase de situaciones, sin medir si a quien se llevan por delante es a una persona honorable, es una familia, es una relación de pareja, o son incluso vidas. Es común ver como hordas digitales desaforadas emiten sentencias y realizan juicios de valor sobre situaciones que son del estricto resorte de la justicia, y peor aún, del estricto resorte de la vida privada de las personas.

Encontramos que si una persona no le paga una deuda a alguien, este se cree con derecho a usar las vías de hecho y fusilarlo por redes sociales como “mala paga”; si alguien es captado saliendo de un burdel o motel, van subiendo dichas fotos de manera indiscriminada a las redes sociales; si alguna fotografía o vídeo íntimo de alguien se filtra, lo van retransmitiendo a la mayor cantidad de personas posibles con los respectivos comentarios morbosos, acusadores y doble moralistas; ni que decir donde se logre evidenciar o sospechar que alguien aparentemente heterosexual resulte envuelto en conductas homosexuales o por fuera de los confines de la monogamia. Pareciera que el mundo virtual fuera tierra de nadie, sin dios ni ley, donde todos se creen jueces y fiscales y los celulares y las redes sociales se convierten en bastiones y trincheras.

Voy a hablar sobre mi caso particular, porque pese a que son situaciones que le ocurren a muchas personas y sobre las cuales hay muchos casos documentados, no me siento con la autoridad para hablar de nadie más, excepto de mí mismo. Desde la ocurrencia de los hechos, quise guardar silencio y marginarme del debate público en redes sociales, por considerar que dicho asunto solo es de incumbencia mía y de mi familia; sin embargo, hoy quiero pronunciarme al respecto por respeto y consideración a mi familia, amigos y demás personas con las que guardo estrecha relación y que se podrían estar preguntando ¿qué es todo aquello que aconteció?

Lo que me sucedió, no es un hecho de poca monta si se analiza con el debido rigor, contexto y con el detenimiento que este tipo de situaciones se merecen. Fui víctima de una flagrante violación a mi derecho a la intimidad personal, a la vida privada, a la honra y al buen nombre. Fui objeto de un hostil e infundado señalamiento al que me vi expuesto en redes como WhatsApp y Twitter con ocasión de la publicación malintencionada desde una cuenta anónima -pero a leguas politiquera- de material íntimo y privado con mi pareja en una clara intención de causar perjuicios en mi vida laboral, profesional, familiar y social con la publicación descontextualizada de esta información. Que dicho sea de paso, bajo ninguna excusa, debió ser expuesta por un tercero sin nuestro consentimiento, ya que el derecho a la intimidad personal se le reserva exclusivamente al titular del mismo, y ni el Estado y ni siquiera un periodista argumentando libertad de información pueden atribuírselo.

Cuando se producen los hechos, mi primera reacción fue actuar de conformidad con las herramientas que nuestro ordenamiento jurídico y nuestras instituciones disponen, seguido de los que la intuición y la razón me dictaron. Procedí a realizar la denuncia respectiva ante la Dirección Seccional de Fiscalías, así como denuncia del contenido en la propia red social Twitter por violación de los derechos mencionados y por violación expresa de los Términos y Condiciones de Uso del Servicio de Twitter.

Actué como siempre he actuado, con honorabilidad, de frente, y atendiendo a los procedimientos establecidos, con la firme convicción de que no tengo nada de qué avergonzarme. Vergüenza me daría de estar inmerso en una situación ilegal, como cualquiera de los casos de corrupción que a diario se destapan en este departamento. Vergüenza me daría defender lo indefendible. Vergüenza me daría, pretender acusar y señalar conductas aparentemente inmorales utilizando métodos que no solo atentan contra la moral, sino que además son abiertamente ilegales.

Respecto a la supuesta contradicción entre lo que predico y aplico en el marco de mi ejercicio como Embajador Regional del programa En TIC Confío, quiero aclarar que el mensaje que imparto en mis charlas versa sobre los riesgos asociados al uso de las TIC y se destacan entre ellos la producción involuntaria o desprevenida de material de abuso sexual infantil o mal llamada pornografía infantil. En mis conferencias, siempre he dejado claro que hacer sexting entre adultos no constituye delito y que los adultos dentro de su esfera de autonomía son libres de hacerlo, sin embargo, constituye un riesgo si no se toman las precauciones debidas. A diferencia de hacerlo entre menores de edad, en cuyo caso, se configuran una serie de delitos contemplados en el código penal, incluso si los mismos menores lo hacen con su consentimiento, por ejemplo entre una pareja de novios de 16 años.

Alguien podría pensar que mis prácticas sexuales contrarían “el buen ejemplo del formador o referente”. Debo decir que desde hace nueve años vengo liderando procesos de apropiación social del conocimiento que me han hecho ganar cierto reconocimiento y notoriedad en nichos académicos y profesionales principalmente. Desde entonces, nadie puede decir que he estado envuelto siquiera de manera tangencial o presunta en actos de corrupción, hechos punitivos, contrarios a la ley o la Constitución, incluso ni siquiera actos considerados abiertamente deshonrosos o inmorales. Por el contrario, se me reconoce como referente y promotor en materia de cultura digital, participación ciudadana y defensa de lo público, lo cual muy probablemente me haya hecho ganar desavenencias con personas no determinadas que eventualmente se incomodan con lo que yo hago y publico.

La esencia del asunto no consiste en poner en la palestra digital a una pareja mayor de edad que decide intercambiarse fotos o compartir sus imágenes con otras parejas con intereses similares. La crítica debería orientarse sobre la persona que sin tener el consentimiento, de manera arbitraria e ilegal comparte dichos contenidos con la única finalidad de causar daño.

Yo nunca me he ocultado para denunciar a alguien cuando he considerado necesario hacerlo. Desde la Corporación Aiken nunca me tembló el pulso para poner en la agenda pública temas como la inversión de los recursos del Sistema General de Regalías en materia de ciencia, tecnología e innovación. Nunca temblé, -pese a los consejos de amigos muy cercanos- cuando ante la negativa de la Gobernación, decidí acudir ante los jueces de la república para conseguir la liberación completa de todos los folios de los proyectos financiados con dichos recursos de regalías. Si pude enfrentarme abiertamente a Lyons y su séquito de colaboradores, lo mínimo que esperaba de la vida es que alguien que quisiera enfrentarse a mí lo hiciera de la misma forma, de frente; y si era que quería mediatizar el asunto, le aceptaba debate público de argumentos.

Por ello, me compunge fuertemente que ante una inconformidad o molestia de una persona o grupo de personas, se hayan utilizado formas y vías tan viles y abiertamente ilegales como las que han utilizado en mi contra con la única finalidad de dañar mi imagen, mi buen nombre y como consecuencia provocar estragos al interior de las organizaciones para las que trabajo, y particularmente para en el Ministerio TIC. Y resalto la palabra única, porque lo último que quieren estas personas, contrario a lo que se podría pensar, es proteger la imagen del Ministerio o salvaguardar los intereses del programa En TIC Confío. El hecho de esconderse tras una cuenta que no registraba publicaciones hacía más de dos años y que de conformidad con los resultados de un análisis forense que se efectuó sobre la misma, se infiere que fue preparada y deliberadamente “ajustada” para el propósito de realizar la malintencionada publicación y permanecer en el completo y más impune anonimato. Tamaña sorpresa me voy a llevar cuando se establezca la identidad del sujeto que efectuó este ataque en mi contra. Si de algo estoy seguro es que es una persona que me conoce muchísimo, porque para haberme identificado en una fotografía donde más del 90% de mi rostro está cubierto, se requiere conocerme muy bien.

Pude adoptar la misma posición del criminal que se oculta bajo esta red y negarlo todo, ya que el material publicado no es explícito ni revela inequívocamente mi identidad. Sin embargo, opté por instaurar la denuncia penal reconociendo que si bien identificaba el material publicado y que en efecto pertenece a imágenes propias, se produjeron en virtud de la relación con mi pareja, como una práctica sexual del total resorte de nuestra vida íntima y privada, y que nadie, ni siquiera pretendiendo argumentar libertad de información puede publicar.

De tal suerte que de haberlo negado, hubiera sido jurídicamente imposible comprobar si el material correspondía a material propio o no, porque jurídicamente nuestra Corte Constitucional ha precisado “que la veracidad de la imputación de conductas que se refieran a la vida sexual, conyugal, marital o de familia no se pueden probar, pues estos aspectos están protegidos por el derecho a la intimidad de la persona y nadie tiene derecho a difundirla.” Resulta ilegítimo admitir pruebas “sobre hechos cuando se trate de imputaciones relacionadas con la vida sexual, conyugal o familiar, debido a la consideración de que por encima de cualquier otro interés está el poner al hogar, como recinto de la familia más respetable que hay en el seno de la sociedad, a salvo de toda intromisión que pueda perturbar su reposo y su armonía,¹” sin embargo, preferí actuar con honorabilidad, de frente y de cara a la verdad con la total convicción de que vivo y hago parte de un Estado y una sociedad seria, moderna, democrática y garantista de los derechos fundamentales, y satanizar a un individuo por las conductas de las que infundadamente se me señala, sería tan absurdo, inconsecuente y contrario a derecho como penar a alguien en razón de su orientación sexual, creencias religiosas o políticas. Tan grave y contradictorio como pretender penar a una mujer que ha sido víctima de violación argumentando que no debió salir en minifalda y provocar la agresión del victimario.

Como sociedad no podemos permitir que sean este tipo de prácticas ilegales, cobardes y malintencionadas la regla general para manifestar nuestra opinión, posición o inconformismos frente a determinados temas. Para todo existen vías establecidas. Y si bien las redes sociales hoy nos acercan a gobiernos, empresas y nichos particularísimos en los que antes era impensable llegar con tanta inmediatez, esto implica la imperiosa necesidad de asumir una posición responsable frente al manejo que sobre estas herramientas hacemos. Y aunque pareciera que estamos a merced de este tipo de criminalidad, nuestro ordenamiento jurídico cuenta con las instituciones y procedimientos, solo que como opera nuestra justicia, se debe ser persistente, insistente y consistente para lograr resultados.

Para los interesados, les recomiendo ampliamente leer la sentencia T – 050 de 2016, la cual constituye uno de los primeros y más recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional con relación a la vulneración de derechos fundamentales a través de redes sociales.

¡Mi llamado a la acción!

En un departamento como Córdoba donde cada día explota un escándalo de corrupción más indignante que el anterior, qué bueno sería que se usaran las redes sociales para hacer denuncias de estos actos, más control social, más veeduría ciudadana. Seguramente, esto sería muchísimo más relevante y traería más réditos sociales que entrar a debatir la práctica sexual de dos personas adultas, o debatir si una persona es racista o no, como el reciente caso de la funcionaria de la Alcaldía de Montería que a todas luces se ve que fue malintencionada e infundadamente acusada de esta deleznable práctica.

Mis reflexiones finales.

  1. Como adultos y ciudadanos tenemos todo el derecho y libertad de explorar y explotar todas las dimensiones en las que se puede mover un ser humano, siempre y cuando respetemos los derechos de los demás y no incurramos en prácticas ilegales.
  2. Entre los principios que rigen al Universo, hay dos que llaman poderosamente mi atención y son los principios de equilibrio y confianza. Cuando algún elemento del universo rompe el principio de confianza, se pierde el equilibrio y entonces surge el caos.
  3. Los momentos duros, pese a ser duros, dejan un aprendizaje inconmensurable: te muestran a verdaderos amigos que muchas veces ni sabías que tenías; te alejan de los supuestos amigos, que creías que tenías pero que en realidad no tenías; y te hacen descubrir nuevos amigos, que de hecho no existían dentro de tus amigos, pero que a partir del hecho entran a ser parte valiosa en tu vida.

1. Corte Constitucional. Sentencia C-417 de 2009

Juan David Carvajal

Juan David Carvajal

CEO & Chairman at Corporación Aiken
Ingeniero informático y electrónico especialista en Gerencia Pública. Experiencia en inserción de nuevas tecnologías en la educación, comunidades de práctica, evaluación y seguimiento de proyectos de TI, I+D, RSE & Apropiación Social del Conocimiento. Encargado de los procesos de articulación institucional y la dirección ejecutiva de la Corporación Aiken.

Aquí escribo sobre TIC, propiedad industrial e intelectual, participación ciudadana, transparencia, políticas públicas, gobierno abierto y data.
Juan David Carvajal